Si analizamos la situación actual del deporte municipal, veremos que ésta cuenta con una baja autofinanciación y nuevos y crecientes costes de producción que no se trasladan a los precios. A ello se suma un entorno sociopolítico y administrativo con mucho peso y un continuo incremento de los costes por varias circunstancias (aumento de la exigencia ciudadana de la calidad de las prestaciones, mayores exigencias normativas, tecnificación y sofisticación de las prácticas deportivas modernas, etc.). Otras debilidades son las deficiencias que con frecuencia presentan a nivel de mantenimiento general, la deficiente implantación de las nuevas tecnologías que hace que éstas se estén quedando obsoletas y, por último, que las subcontratas aportan poco valor añadido, se encarecen, y pueden resultar jurídicamente inseguras.
La situación descrita, unida a los límites de la sociedad del bienestar, exige estrategias imposibles. Existe una gran resistencia política, social y mediática para aumentar las tasas o precios públicos que abocan a una congelación como norma casi generalizada. Simultáneamente, se hace muy difícil eliminar o reducir la cantidad y calidad de las prestaciones en los servicios públicos actuales. Al contrario, las exigencias son crecientes. Además, las nuevas instalaciones y centros deportivos implican unos costes muy superiores a los ingresos ordinarios, con lo que la situación, lejos de mejorar, puede hacerse más difícil.
Cambio de mentalidad
Este entorno socio-económico actual tan adverso exige un cambio de mentalidad de gran calado y a largo plazo, que podría sintetizarse en pasar de administrar el servicio municipal de deportes a gestionarlo plenamente. El reto es de envergadura, ya que exige la reforma y mejora de los resultados de la gestión del sector público, introduciendo los conceptos de eficacia y eficiencia, mejorando la calidad y la cantidad de los servicios, promocionando eficientemente los actuales y proveyendo otros nuevos más coincidentes con las demandas ciudadanas, que arrojen a corto plazo un resultado económico soportable.
Con todo lo anterior, se puede afirmar que el objetivo principal que se propone, basándonos en esas premisas, representa todo un desafío. Esto es, hacer más con menos para establecer una nueva legitimidad de la administración, basada en los resultados que debe producir la acción pública para beneficio general de la ciudadanía, cumpliendo siempre la legislación y la legalidad en los procesos. Para ello, parece imprescindible, entro otras operaciones, establecer la mejora de la autofinanciación, como objetivo estratégico. Y esto implica contener y/o reducir el gasto aplicando modos de gestión modernos, contrastados y rentables; y cumplir el marco legislativo en materia de fijación de tasas y precios públicos de los servicios y actividades que se prestan y contribuir a cumplir con ello las exigencias de autofinanciación de los servicios públicos.
La financiación de los servicios públicos en general, y del deporte local en particular, sigue un esquema sencillo: lo que no se paga por la prestación (usuarios) se cubre con otros impuestos (toda la ciudadanía). La gratuidad de los servicios deportivos ya no resiste a estas alturas la discusión. Lo que debe debatirse es el establecimiento de la proporción adecuada y sostenible de una y otra fuente de financiación: cuánto se debe financiar con los recursos generados por la propia prestación de los servicios o la realización de actividades y cuanto por las trasferencias corrientes vía aportación municipal. Esto es, cuánto se debe contribuir en la financiación de los servicios deportivos públicos por la vía de los impuestos y cuánto por la vía de precios y las tasas (autofinanciación).
En este sentido, las entidades deportivas municipales deben desarrollar planes realistas que permitan cuantificar, de la manera más analítica posible, los costes de producción de los servicios. Una vez conocidos estos, y sólo entonces, se dispondrán de los datos imprescindibles en los que soportar las decisiones que permitan un mayor y más efectivo control y contención razonable de los gastos y a una responsable fijación de la cuantía de los precios públicos.
Vaya por delante, que también las encuestas ponen de manifiesto que las tarifas no son una barrera significativa para el acceso a las instalaciones públicas y la mayoría estaría dispuesta a pagar más. En consecuencia, se hace imprescindible desarrollar cuantas acciones sean necesarias para acercar los precios de los servicios a los costes de su prestación, teniendo siempre presente que el importe de la tasa por la prestación de un servicio, no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o, en su defecto, del valor de la prestación recibida (artículo 19 de la Ley 25/1998). Asimismo, el importe sobre los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades deberá cubrir como mínimo el coste del servicio o la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas o culturales, o de interés público que así lo aconsejen, la entidad local podrá fijar precios por debajo de ese límite, consignando en sus presupuestos las diferencias resultantes (artículo 25 de la Ley 25/98, de 13 de julio).
Conclusiones
El servicio municipal de deportes se reforzaría de manera muy significativa de cara al futuro y afrontaría con mejores armas los retos a los que deberá enfrentarse, si trabaja para conseguir que la autofinanciación funcional sea del 100%.
Esta obviedad exige poner en el centro de la gestión de las entidades deportivas municipales su autofinanciación y establecerla como objetivo estratégico de mejora, de manera que vayan aumentando de manera gradual y progresivamente los pésimos niveles actuales. Niveles de autofinanciación altos favorecen la continuidad, el aumento y la mejora de las prestaciones de los servicios públicos con creciente demanda. Además, aseguran que la provisión sea vía impuestos y la prestación sea vía precio. También facilitan las inversiones en nuevas instalaciones para reducir el déficit de equipamientos deportivos convencionales y no convencionales todavía existente en cualquier municipio, y favorecen la mejora de las instalaciones y los servicios públicos actuales, hasta igualarlos, si procede, y donde proceda, a la oferta privada, pero sin competir tan deslealmente con ella. Y en clave política, una alta autofinanciación del servicio municipal de deportes permite que los órganos de gobierno puedan hacer política con los recursos económicos aportados por el ayuntamiento de sus presupuestos, y no tengan comprometido todo el crédito previsto en esos presupuestos en gasto corriente desde primeros de enero.
Referencias
- Rubén Vinagre García. Instalaciones deportivas XXI, ISSN 0212-8519, Nº 166, 2010, págs. 50-56
- Bonifacio Teruelo Ferrera,Instalaciones deportivas XXI, ISSN 0212-8519, Nº 166, 2010, págs. 59-62
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